Jueces y abogados creen que las bodas y los divorcios ante notario no aliviarán los juzgados

Un flaco favor. Jueces y abogados creen que la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que los notarios asuman la formalización de bodas civiles y divorcios, en caso de que haya común acuerdo, apenas reducirá la sobrecarga de trabajo que sufren los juzgados en la provincia. El decano de los jueces, Juan Carlos Cerón, asegura que las separaciones de común acuerdo “son los procedimientos más sencillos de resolver, por lo que su peso no es muy relevante”. Aún así, Cerón señala “que toda ayuda es bienvenida”.
De la misma manera opina el presidente del Colegio de Abogados, Fernando Candela, para quien los divorcios de común acuerdo “ocupan un tiempo mínimo en los juzgados, ya que sólo es necesaria una ratificación por parte del juez, por lo tanto no suponen una carga excesiva de trabajo”.
Por su parte, los notarios defienden el importante papel que estas nuevas atribuciones pueden jugar a la hora de descongestionar los tribunales. En este sentido, el vicedecano del Colegio de Notarios en Alicante, Delfín Martínez, asegura que “los más de 3.000 notarios que hay en España estamos perfectamente capacitados para asumir determinadas funciones de la jurisdicción voluntaria, como formalizar matrimonios civiles o divorcios, siempre que sean de mutuo acuerdo y no afecten a los derechos de los menores”. En cuanto a los posibles costes para el usuario, Martínez asegura que “es el Gobierno quien debe cuantificar el coste de estos procesos”, pero señaló que “actualmente muchos ayuntamientos cobran por la celebración de bodas, por lo que no es algo descabellado”.
En el caso de los divorcios, aunque sea a través de los juzgados, la pareja debe asumir el coste de un abogado “para que realice un convenio regulador para que posteriormente se ratifique en el juzgado”, explica Juan Carlos Cerón.
Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales reivindica que este tipo de competencias que Gallardón quiere trasladar a los notarios “sea asumida por los secretarios judiciales” al tiempo que cuestiona el coste económico que puede tener para el ciudadano.
Por su parte, la decana del Colegio de Abogados de Elche, María del Carmen Pérez Cascales, se mostró en desacuerdo con la proposición del titular del Ministerio de Justicia, argumentando además que “parece que el ministro ha obviado la ley de registros civiles que entrará en vigor en 2014 y que prevé que los registros matrimoniales pasen a los ayuntamientos a través de una oficina administrativa, con lo que dejarán de ser una carga para los jueces”. Pérez Cascales se preguntó si la medida se propone para estos dos años o si por el contrario Gallardón prevé compaginar la labor de los notarios en este campo con las oficinas que hayan sido desalojadas de las ciudades de la Justicia”. Pérez Cascales, además, planteó que porqué no pueden tramitar los abogados, al igual que lo harían los notarios, los divorcios “si somos especialistas en esta materia. El anuncio se ha limitado a dos titulares de Prensa”.